El congreso del PSOE ha venido a confirmar que ZP (Zapatero presidente) confunde lo que acuerda su partido con lo que pueda acordar el Parlamento, como si la cámara de los diputados fuera suya y estuviera sometida a los deseos socialistas, que ni siquiera tienen mayoría absoluta en ella. Pues da por hecho que los acuerdos tomados por su cónclave partidario, son leyes en proyecto sólo por sus deseos. Habrá que esperar y ver cómo reciben los por ahora silentes representantes de los demás partidos del Congreso de los diputados, no del PSOE, sus pretendidos avances sociales, como la creciente laicidad del Estado, el aborto libre, la eutanasia y el voto de los emigrantes; para todo lo cual, por cierto, hay que hilar mucho y muy fino porque algunos de esos objetivos rozan la inconstitucionalidad o, por lo menos, exigen la reforma de la Constitución, trámite que parece importarle poco a Zapatero. Estas cuestiones, que por cierto no se incluyeron en el programa electoral de los comicios de marzo, sin duda porque no las tenían todas consigo y podían costarles decenas de millares de votos y quizá la victoria, entran ahora en los planes del PSOE y del Gobierno con evidente intención, oportunista, de distraer la atención de la ciudadanía sobre la gravísima crisis económica en que está sumida la nación, sin que el Ejecutivo acierte a aplicar una sola medida correctora o paliativa de la carestía de los precios de los comestibles, principal preocupación popular. A este respecto hay que decir que por primera vez, hace unos días, Zapatero pronunció, por fin, la palabra crisis para denominar el penosísimo trance por el que está pasando la economía nacional y, sobre todo, la muchedumbre de quienes malamente pueden llegar a fin de mes con la merma de su calidad de vida. Con un cinismo impropio de un gobernante responsable, Zapatero se ha permitido decir que "en esta crisis hay mucha gente que no tendrá dificultades". Evidentemente: serán los corruptos o los que, como él, se autoadjudican sueldazos de escándalo. Y con igual talante criticó a los que, según él, "se regodean en la idea de la crisis"; miserable insidia que no logra ocultar su gran ineficacia para afrontar la situación. La idea de suprimir ayudas a la religión católica mediante la plena laicidad del Estado, que de eso se trata, aparte de cicatera resulta una represalia contra la Iglesia por la oposición de esta a determinadas leyes del Gobierno durante la pasada legislatura. El desquite contra un colectivo que engloba millones de personas, más que ninguna otra religión, supone una venganza que es, por su oposición, una actitud escasamente democrática e injusta porque no sólo ofende a quienes con ella comulgan; sino que, además, ignora los enormes servicios que la Iglesia -por antonomasia- presta a la sociedad mucho más allá de la parca ayuda económica oficial que recibe. Si el Gobierno tuviera que asumir los servicios sociales que cubre la Iglesia le saldría mucho más caro. Por otra parte la eutanasia viene camuflada por la extensión del testamento vital; que, dicho sea de paso, ya existe en la mayoría de las Comunidades Autónomas y concede a los ciudadanos el derecho de que no se prolongue su vida en situaciones terminales por medios artificiales. Será una ley equívoca capaz de conducir a soluciones indeseables y abusivas porque puede trucar situaciones ilícitas de suicidio o de algo aún peor. La ampliación de la ley del aborto es una perversidad que aumentará el número de asesinatos de los "nasciturus", de los por nacer, los seres más inocentes e indefensos. Que la odiosa situación actual, cuando se mienten las excusas para no violar la maligna ley vigente, en vez de corregirse y sancionar sus infracciones, se resuelva legalizándolas, demuestra la inmoralidad y la obstinación en la maldad de la Ley de Plazos que desea imponer el Gobierno de Zapatero. Es mejor usar anticonceptivos que asesinar a los hijos concebidos y no deseados. Al lado de estos asunto el propósito de ZP de conceder el voto a 1.300.000 extranjeros para las elecciones municipales, es pura anécdota; demagógica y electoralista, por supuesto; porque, está muy claro, espera que los "estómagos agradecidos" voten a los socialistas y consigan ganar algunos ayuntamientos más. Todas estas cosas, por populistas que quieran ser; incluso por desdichadas que sean, apenas tienen resonancia cuando la primordial inquietud y la primera ansiedad de la gente es, como en este tiempo de crisis, comer todos los días decentemente, suficiente. José Sanz Moliner es periodista. Sigue leyendo...

La decisión de la Iglesia Anglicana de abrir por fin los obispados a las mujeres vuelve a abrir la cuestión del sacerdocio femenino en la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica las mujeres se aglutinan en las congregaciones religiosas. Video: InformativosTelecinco.com Son mujeres, son católicas y tienen una poderosa voz que alzan para reclamar más derechos, más igualdad y más poder dentro de la gigantesca máquina de la Iglesia Católica. Algunas de ellas exigen que el sacerdocio se abra definitivamente a la mujer, mientras que muchas otras lo que piden es una institución más acorde con las horas que vivimos, en la que la mujer tenga un papel principal y no el tradicional rol de segunda que lleva siglos jugando. Ninfa Watt es religiosa teresiana, periodista y también una mujer comprometida. Ella demanda más pluralidad en la cúpula de la Iglesia "debe haber más mujeres, pero también más laicos que trabajen desde dentro. Cada uno puede aportar cosas muy diferentes. Esa igualdad es importante pero no como una cuestión de poder". Considera que el sacerdocio no tiene que ser necesariamente el camino para que la mujer tenga más visibilidad y sea más activa dentro de la institución. Sin embargo, alcanzar el sacerdocio es una cuestión elemental para otras muchas. La teóloga Isabel Gómez Acebo considera que el cambio es un tema de puro sentido común, "tradicionalmente el sacerdocio estaba vetado a la mujer que socialmente era un ser de segunda categoría. Eso hoy en día ha cambiado y por tanto no se puede mantener". En las congregaciones religiosas se aglutina el grueso del personal femenino de la Iglesia Católica, la mayoría de ellas con una vocación de entrega, servicio y trabajo a pie de calle que las hace se "más progres" que otros sectores católicos. Ellas son las que trabajan por los olvidados en el Tercer y en el Primer Mundo, ellas son, casi siempre, las más abiertas por eso una amplia mayoría de ellas se muestran a favor del sacerdocio femenino y están convencidas de que es sólo cuestión de tiempo. A pesar de que la mayoría defienda el cambio, pocas son las que se atreven a defenderlo públicamente: las represalias son directas. Hay religiosas que han perdidos sus puestos de trabajo o que han sido literalmente marginadas por expresar abiertamente su defensa de una mayor igualdad. Los tiempos de la Iglesia son más lentos que los de la sociedad, nos dicen, también los métodos le son propios. Sigue leyendo...

El prelado subraya que el Ejecutivo discrimina a la Iglesia al negarle capacidad de acción. Defiende un cambio en la Cope en favor del respeto a todos los ciudadanos MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Eutanasia, aborto, la enseñanza de la religión en los colegios, la financiación de la Iglesia y la deriva de la Cope son asuntos que despiertan mucha polémica en la sociedad y donde la Iglesia ha chocado con el Gobierno en multitud de ocasiones. El obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, aboga por un mayor entendimiento de ambas instituciones, siempre partiendo del respeto mutuo a la independencia de cada uno y a los derechos y demandas de los ciudadanos. -Hace dos años que presentó su renuncia al obispado, al cumplir los 75 años reglamentarios. ¿Sabe algo sobre su posible sustitución? -Es una pregunta que me han hecho mucho y es lógico porque hace dos años que presenté la renuncia al Santo Padre, como recomiendan los cánones al cumplir los 75 años y estoy pendiente de que nombre un sucesor. Dos años es tiempo suficiente y espero que pronto se designe, aunque no puedo decir nada porque no lo sé. -¿Esa espera afecta al trabajo pastoral en la diócesis? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo? -Los proyectos de la diócesis son elaborados entre el obispo, como presidente diocesano y responsable, y la colaboración de distintos miembros de la diócesis, agrupados en órganos de consulta y reflexión. Entre todos hemos determinado unas líneas de actuación pastoral para la Iglesia en función de sus necesidades. El proyecto actual lleva por título ´Fortalecer y transmitir la fe´. Fue planteado para tres años y ya lleva dos años. Eso continúa una marcha normal y hasta que venga el nuevo obispo, se sigue trabajando igual. -¿Cuál es el principal reto de la diócesis en la actualidad? -Las necesidades de la diócesis, al igual que ocurre en España y en el resto de Europa, se basan en responder a una situación religiosa en la que están creciendo las actitudes alejadas de la fe y la Iglesia. El gran reto es anunciar a Jesús. Esto responde a lo que hemos llamado proceso de iniciación cristiana, donde no se da por supuesta la fe y tratamos de presentar a Jesús de forma creíble a personas que no son creyentes. Partimos de la base de que hay muchos bautizados, lo que en la actualidad es una decisión libre y no impuesta. Pero los cristianos viven en una época en que la fe cristiana no está socialmente apoyada y las actitudes dominantes favorecen el alejamiento de la Iglesia y la fe, que se presenta como algo alejado y del pasado. -¿Está la sociedad más alejada de la Iglesia? ¿Cómo está afectando el proceso de secularización de la sociedad? -Afecta en un doble sentido. Ayuda a purificar y fortalecer la fe en los creyentes. Ante un ambiente hostil, hace falta tener conocimientos muy firmes que justifiquen ser creyente. Eso ayuda a que la fe sea más profunda, más motivada y formada. Por otro lado, las personas con poca formación o de fe débil, al encontrarse con un ambiente social en contra, viven escepticismo o alejamiento. Ahora las familias no son educadoras, en las escuelas se propugna una concepción moral contraria a la fe y no son reconocidos derechos fundamentales para que los padres elijan la educación para sus hijos. -¿Cuál es la respuesta de la Iglesia ante este ambiente social y alejamiento de parte de la población? -Necesitamos contar con sacerdotes y seglares cristianos apasionados por Jesús y el Evangelio, que den testimonio gozoso del valor salvador de nuestra fe. También debemos presentarla con rigor y respeto a las personas que no han llegado al anuncio de Jesús. -La legislatura pasada estuvo marcada por el debate con el Gobierno sobre el modelo educativo. Al final la Religión no tiene valor curricular y sí Educación para la ciudadanía. ¿Ha perdido la Iglesia esta batalla? -En el ámbito escolar siempre hemos pedido el respeto a la libertad de los padres para que sus hijos se formen en conformidad con sus creencias. Ese derecho no ha sido respetado desde la época de la Transición. Ni se están respetando los acuerdos firmados entre el Estado español y la Iglesia en 1978, porque a la asignatura de Religión no se le concede valor curricular, no se valora académicamente y no se ha propuesto otra alternativa para los que no quieran educación religiosa. La Iglesia siempre ha defendido que la Religión no sea una asignatura obligatoria y se enseñe sólo a quien lo solicita. Esto debe ser igual para el resto de religiones. Siempre hemos defendido esa libertad de enseñanza, pero con un rango igual a otras asignaturas. -¿Está en retroceso la enseñanza de la Religión en los colegios? -A pesar de las dificultades, el porcentaje de familias que solicitan la educación religiosa es muy alto. En 2007, el 80% de los alumnos de Primaria y el 60% de Secundaria lo solicitaron. -¿Qué piensa de la Educación para la ciudadanía? -Contrasta mucho el trato a la Rel Sigue leyendo...

Muchas son las formas de entender una familia y es justamente esta cuestión la que, en determinados ámbitos, está generando mucha polémica. El caso es que las relaciones evolucionan con el paso del tiempo y para que una pareja se una con la intención de que sea para siempre, ya no es necesario que medie un sacerdote. Se pueden unir sin ningún tipo de papeles de por medio, pueden registrarse como pareja de hecho, casarse tradicionalmente por la iglesia o llevar a cabo una boda civil. Una opción que cada vez tiene más éxito entre los novios y que no deja de crecer con el paso de los años. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar los datos sobre los matrimonios civiles celebrados a lo largo del año pasado y las cifras demuestran ese crecimiento, aunque el de Jaén es un caso particular. En la provincia también ha aumentado el número de matrimonios de este tipo, pero Jaén es provincia de España con menos matrimonios civiles celebrados en 2007. En total, el año pasado hubo 3.715 matrimonios en toda la provincia, de los que 773 eran civiles, lo que supone un 20,8 por ciento del total, frente a los 2.939 que se hicieron según la religión católica y que representan la inmensa mayoría (los 3 restantes fueron por otra religión). Ese 20 por ciento de Jaén choca con los porcentajes de otras provincias españolas como Guadalajara, donde los matrimonios civiles representan ya el 60 por ciento del total, o Málaga, donde son el 44 por ciento. Provincias similares a Jaén son Córdoba (25,1%) o Badajoz (27,3%). De todas formas, la diferencia se nota y si se comparan los datos del año pasado con los del año 2006 se puede apreciar la evolución. Hace dos años se celebraron 3.186 matrimonios y de ellos, 621 fueron civiles. Concejales El caso es que cuando una pareja decide casarse por la iglesia tiene que elegir o ver que parroquia le corresponde. Pues algo similar ocurre cuando la ceremonia es por lo civil: hay que barajar muchas opciones. Lo primero es elegir al concejal que va a llevar a cabo la ceremonia. En el Ayuntamiento de Jaén son dos los ediles que están a la cabeza en número de ceremonias civiles en las que han participado, a demanda de los propios novios. Se trata del teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, José Luis Cano (IU), y de la concejal popular Cristina Nestares. En tercer lugar, aunque a cierta distancia está el concejal de Mantenimiento Urbano, Eduardo Castro (PSOE). «Suelo adaptarme a lo que los novios me piden y ha habido sábados en los que he tenido hasta tres bodas seguidas», cuenta Cano, que tiene experiencia en la materia y que explica que cada boda civil puede ser totalmente diferente a otra. «Todo depende de los novios, los hay que no quieren ningún tipo de protocolo ni de culto, sólo quieren casarse en un despacho y los hay que quieren una ceremonia muy pomposa», explica. Así, el protocolo que sigue este concejal es el de hablar con los novios, preguntarles y «siempre incluirles alguna poesía o unas palabras que hagan referencia a los novios, para que sea más cálido», argumenta. Además, ya no es necesario casarse en el Ayuntamiento ni en ningún despacho. Los rincones con belleza de Jaén son muchos. «He ido a casar al Parque del Seminario, a los Jardines de Jabalcuz o al Parque del Seminario». Según dice José Luis Cano, las ceremonias civiles están cada vez más normalizadas: «Antes recurrían a esta fórmula los que estaban ya casados e iban de segundas nupcias, pero ahora son gente de todo tipo», expone. Salones Y claro, ante estos cambios, los empresarios tenían que 'ponerse las pilas' y así lo han hecho. Cerro Puerta, en la carretera de La Guardia, prepara ceremonias civiles en sus jardines, con vistas a Jaén, y Salones Mistral también lo hace, aunque en este caso dentro de sus salones. «Se monta un atril, se les hace un texto de bienvenida y se decora todo con flores», explica Juan Antonio Ortega, gerente de Salones Mistral, que asegura que cada vez es más frecuente las celebraciones de matrimonios civiles. «Y la mayoría son personas que se casan en primeras nupcias», explica dicho gerente. Sigue leyendo...

En continuidad con nuestro editorial de la pasada semana, también hoy hemos de referirnos al 37 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio. Obviamente nuestro comentario prescinde de valoraciones políticas y partidistas. Si este tema, desde el respeto y desde la mejor de las voluntades, viene a nuestras páginas es por el protagonismo que muy importantes contenidos religiosos han tenido en su preparación y desarrollo. Dicho esto, y aun reconociendo que la formulación de los acuerdos y propuestas del Congreso ha sido más matizada e incluso más moderada que las expectativas creadas y que determinadas declaraciones públicas, no cabe duda que sus conclusiones visibilizan una inequívoca voluntad del primer partido político de nuestro país –sostenedor asimismo del Gobierno de la nación y de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos– de proceder a una progresiva e inexorable laicización de España. Este proyecto, repleto de eufemismos y de ambigüedades, y aun suavizado –repetimos– en la literalidad de sus recomendaciones al Gobierno, está trufado de un indisimulado afán de confesionalismo laicista. Especialmente preocupante es lo decidido a propósito del aborto. Lejos de proponer una reflexión serena y lúcida sobre su aberración, el Congreso de PSOE pide una revisión y una actualización de la legislación vigente, solo porque esta cuenta con veintitrés años de bagaje y porque ha cambiado la sociedad. ¿No han sido suficientes los abortos producidos en estos años, que han supuesto en los últimos años una media anual de cien mil asesinatos de seres humanos inocentes? El aborto jamás es un progreso, ni su reconocimiento una ampliación de las libertades y de los derechos. El derecho es a la vida, a toda vida ya concebida, aunque todavía no haya nacido. El aborto es siempre un retroceso, una letal injusticia, un crimen abominable, como lo definió el Concilio Vaticano II. ¿Se situará en el terreno del eufemismo, de la demagogia y del «atajo» la propuesta de regular el testamento vital para caminar hacia la eutanasia? Ojalá nos equivoquemos. Pero, en cualquier caso, es preciso recordar que la eutanasia –otro evidente y cruel retroceso social– es siempre injusta e inmoral, más todavía se hace bajo engaño y de «tapadillo». ¿También se buscan atajos cuando se insiste por activa y por pasiva en la necesidad de reformar la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa? Este marco legal garantiza la neutralidad del Estado en materia religiosa. Emplazamos, una vez más, a su lectura y a la evaluación objetiva de su aplicación desde 1980 para «desfacer entuertos» y tópicos. Y, desde luego, lo que no se puede pretender es reformar esta ley con la intencionalidad subrepticia de buscar la reforma de hecho el artículo 16 de la Constitución. No estamos diciendo que esta sea la razón verdadera del proyecto gubernamental. Simplemente, lo cuestionamos y muy gustosos admitiríamos lo inapropiado de esta hipótesis si los hechos así lo avalaran. «La Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica reconoce el PSOE –leemos en las conclusiones del Congreso–, debe ser consciente de que la Constitución no otorga prevalencia de derechos ni privilegios». De acuerdo. Pero es que la Iglesia católica ni tiene ni quiere privilegios. ¿Dónde están? No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con los sentimientos y confesión religiosa de los ciudadanos. Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad presente están impregnadas hasta los tuétanos de identidad cristiana. Vayan algunos ejemplos: el 80% de los ciudadanos españoles se declaran católicos; el 75% de los padres de alumnos eligen la clase de Religión Católica; la Iglesia se financia de sus propios recursos, trabajos y servicios, de los donativos de los fieles y del 0,7% del IRPF que aquellos contribuyentes libremente deciden signar para ella a través de la declaración de la renta. Las creencias no se imponen. Pero tampoco se puede imponer las increencias y los modelos estatales de confesionalismo laicista y excluyente. España es un Estado aconfesional desde hace tres décadas, las tres décadas de mayor crecimiento y bienestar de su historia contemporánea. La llamada «cuestión religiosa» había pasado a la historia. ¿Quién quiere resucitarla? ¿Por qué? ¿A qué vienen entonces, a qué demanda social y a qué argumentos de derecho, de justicia y de sentido común obedecen tanta soflama y tanto ruido con la consiguiente y lógica crispación y preocupación que generan? Sigue leyendo...

La propuesta de ampliación del aborto y de aprobación de la eutanasia, figura como la oferta estrella del último Congreso del Partido Socialista. Si no fuera porque matar al niño y matar al anciano está muy visto, alguno podría pensar que ha sido una reunión de máximo nivel, en donde las preocupaciones de los ciudadanos ante los problemas graves en ciernes eran las preocupaciones del partido que nos Gobierna. En vez de eso, los socialistas pretenden acabar con las dos puntas de la vida. No hace falta acudir a la religión católica, o a ninguna religión, para criticar tanto el aborto como la eutanasia, y definirlo como la mayor plaga exterminadora de la que el hombre ha sido capaz. Muchos socialistas ante esta cuestión de conciencia votarían seguramente no si tuvieran posibilidad de hacerlo en el Congreso de los Diputados. Desgraciadamente el Parlamento Español atacará la vida humana en su nacimiento y en su ocaso. La mayoría de izquierdas lo hará posible. Lo hará posible también, por la vía del silencio, el Partido Popular. Votará en contra, casi por unanimidad, pero no dirá mucho más. La blandita respuesta del señor Rajoy es lamentable. Es obvio que ninguna de las dos cuestiones no forman parte del interés ciudadano. Eso ya sabe, señor Rajoy. Sería deseable explicara porqué no es un derecho, ni un avance democrático la eliminación de una vida humana. Sería muy conveniente que adujera razones, argumentos, y una parrafada aprendida que rehuye cualquier tipo de crítica argumentada. Los socialistas hace mucho tiempo que cuentan con el silencio cómplice de una derecha cabizbaja y avergonzada. Con la mirada despistada de unos políticos que prefieren el falso carné de demócrata expedido por las terminales de izquierda. Cuenta el PSOE con que jamás el PP se atreverá a "transformar la sociedad" conforme a un ideario político, como hacen ellos. Porque, o bien el PP carece de ese ideario, o es tal el complejo que le impide proponer ideas, proponer principios, ser coherentes con ellos, y llevarlos a la práctica. Ninguna idea justifica la muerte del ser humano. Ningún derecho puede ser considerado como tal, si su ejercicio supone la muerte de un ser indefenso, ya sea niño o anciano. Eso debería argumentar el señor Rajoy, si de verdad cree en ello. Y si no, si considera un avance democrático la ampliación del aborto, y la entrada en el Parlamento de la eutanasia, haría bien en proponer el voto positivo. Pero huir del debate, esconderse tras la consabida inconsistencia intelectual de Rodríguez Zapatero, de su estrategia revolucionaria y decimonónica desconsuela a su potencial electorado. España se enfrenta desde hace años a una destrucción calculada y sistemática de todo un sistema de valores, (y no estoy hablando de religión), a un preocupante y masivo engaño sobre la historia de España, a una transformación sin precedentes ni consenso sobre nuestro ser. Ninguna de esas arriesgadas operaciones ideológicas han tenido respuesta ajustada por parte del centro derecha español. Va siendo hora de que a la mentira se responda con la verdad. Al falseamiento, con la historia real, a la muerte, con la vida. Si Rajoy, que se declara hombre de convicciones, no se presta a ello, habrá que ir inventando, esta vez, sí, algún partido más serio y más convencido de las ideas que dice defender. Sigue leyendo...

LA idiosincrasia de cualquier encuentro zapaterista pasa por algún anuncio de orden rupturista, generalmente vinculado al revisionismo singular que es la «memoria histórica». Sin considerar mucho la economía, de los anuncios hechos en el XXXVII Congreso Federal del PSOE los cambios en la regulación del aborto, además de enunciados de eutanasia, se suman a la regulación anterior del matrimonio homosexual o a la desatención a los derechos de los padres en el sistema educativo. En lo que los sociólogos llamarían el universo simbólico de Zapatero, el fragor de un enfrentamiento maniqueo prosigue, al menos para justificar políticas o propuestas de políticas que por lo general van haciendo trizas consensos históricos de los españoles. Hablar a inicios del siglo XXI de fosas y de vencedores y vencidos, de buenos y malos, ilustra la modernidad tan simuladora del lenguaje zapaterista. Es el caso del catolicismo: al parecer, el PSOE de Zapatero lucha cuerpo a cuerpo contra la tiniebla de un nacional-catolicismo tentacular, inquisitorial, un frufrú de sotanas conspirativas, la vetusta España contra la España cándida. No sorprende que por el camino se le haya olvidado a Zapatero el peso sustancial de lo que significó el Concilio Vaticano II para la reconciliación de los españoles desde antes de que muriera Franco. Cualquiera tiene «in mente» que de los movimientos católicos de aquellos años se nutrió gran parte de la izquierda que hoy es lo que es. Es postulable que lo que fue el Vaticano II haya tenido más que ver con la transición democrática y el pluralismo que la tan arcaica encarnadura ideológica de la izquierda rupturista de aquellos años. Pero para Zapatero el catolicismo sólo merece quedarse en el armario, desaparecer por el foro, evaporarse de la vida pública. Se alude preventivamente a la ofensiva católico-nacional de una derecha deseosa de que la Iglesia prepondere sobre el Estado cuando lo que en realidad sucede es que la inmersión laicista busca que la religión carezca de voz en la sociedad civil. En eso consiste el laicismo, al construir una percepción en blanco y negro de la religión católica. Por contra-efecto habrá quien se sienta incitado a la adhesión neointegrista y al clericalismo. A Zapatero eso le funciona, pero nada dijo de ello en el año 2000, cuando accedió a la secretaría general por nueve votos. Ganó las elecciones generales después del 11-M y acaba de revalidarlas con más holgura. Lo mismo en el Congreso de su partido, con el 98,53 de votos. Desde entonces, algo cambió. Por ejemplo, la inmersión laicista. En 2001, Zapatero prologa el libro «Tender puentes. PSOE y mundo cristiano», reconociendo la aceptación por el Partido Socialista de la creencia religiosa «y en particular del cristianismo como un hecho positivo para un proyecto de izquierda». Reconocía una tarea pendiente: «Sustituir la negación del valor de lo religioso y una actitud de indiferencia, por un reconocimiento y valoración positiva del mismo». Esa era la línea del felipismo, de la articulación de cristianos socialistas. ¿Qué ha sucedido desde entonces para que Zapatero rompa con la línea que marcaba incluso la socialdemocracia europea? Uno le contempla y no sabe si al líder socialista todo le resulta materia para la táctica, si representa convicción, si va a mantener sus propósitos o si va a irlos diluyendo en la conveniencia al día de su acción política. Anuncia un frente laicista y luego reduce su amplitud, sus allegados dan rango de vanguardia a lo que sería una prioridad de la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. Algo queda. Lo que queda es el zapaterismo y una hostilidad a lo que representa el catolicismo en España, pero no en la España de hoy o de 1978, sino en la España de Franco bajo palio o de la Inquisición. Han pasado muchas cosas en el PSOE desde que José Borrell dijera en 1999: «El PSOE tiene una deuda histórica con el cristianismo. Mejor dicho, los socialistas españoles tenemos una deuda histórica con el cristianismo. No estoy diciendo que el PSOE la tenga con la Iglesia Católica». La tan ajetreada historia de las relaciones Iglesia-Estado en España era una página histórica en la que todos teníamos que aprender algo. Zapatero, en cambio, la está usando como cebo radical. vpuig@abc.es Sigue leyendo...

L.D. MADRID El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su empeño de llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980. Tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha insistido en la necesidad de introducir «modificaciones profundas» en la normativa para dar un trato igualitario a todas las confesiones, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Además de la ley, el Gobierno también tiene previsto crear un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso «para mejorar el conocimiento de nuestra realidad y poder tomar decisiones». Esta sociedad «plural» que el Gobierno ha tomado como bandera para modificar la normativa, se declara en un 77 por ciento católica, lo que significa que 35 millones de personas de las 45 que viven en España se identifican con la religión mayoritaria, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2007. El mapa religioso español, se completa, de acuerdo a los datos aportados por las propias confesiones, con un 1,5 millones de evangélicos, un millón de musulmanes y 48.000 judíos, además de otras religiones minoritarias, como los testigos de Jehová (200.000 fieles) y los mormones (40.000). En el plano educativo, según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2004-2005 había inscritos en la clase de Religión católica más de 3 millones de alumnos —el 75,7 por ciento del total de la población estudiantil—. Además, 11 millones de católicos acuden regularmente a misa y siete millones marcan la casilla de la Iglesia católica en su declaración de la Renta. Ofensa para la mayoría Otra de las novedades que anunció el ministro es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término con el que el Gobierno socialista pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa. Para el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la reforma que pretende el Gobierno «no es más que un movimiento para discriminar a las religiones mayoritarias cristiana, judía y musulmana, a favor de las creencias minoritarias». «Es un sentido de la justicia bastante discutible», asegura Marcial Cuquerella, presidente de esta asociación, quien añade que «mientras el 80 por ciento de los ciudadanos afirman que profesan el cristianismo, el judaísmo o la religión musulmana, el Gobierno se preocupa de legislar por el 0,05 por ciento que profesa otras creencias, ofendiendo a la enorme mayoría». Según Cuquerella, «incluso tendría más sentido que crearan una Dirección General de Relaciones con los Ateos, ya que son un 7 por ciento de los ciudadanos españoles». A la vista está, para el Observatorio, que el objetivo que persigue el Gobierno «no es otro que tratar de igualar religiones como el catolicismo o el judaísmo, con creencias de todo tipo, como la Iglesia de la Cienciología o incluso sectas satánicas, siempre que estén inscritas en el registro oficial». Así, el Gobierno tendrá «la capacidad de decidir qué es religión y qué no lo es, mediante la inclusión en un registro de cualquier creencia, de forma completamente subjetiva». «Al final, bajo la excusa del laicismo, es el laicismo mismo el que se convierte en juez y parte del resto de las confesiones religiosas», asegura. «Transformar la sociedad» Algunos expertos ven en esta anunciada reforma una clara intención del Gobierno de «transformar la sociedad, impulsando el pluralismo religioso y erosionando la posición de la Iglesia». El profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Jorge Otaduy, ha recordado que «la función del Estado es respetar el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en materia religiosa». La ambigüedad de los argumentos que viene utilizando el Gobierno del PSOE a la hora de justificar la mencionada iniciativa legislativa —que aún no tiene fecha— lleva también a los especialistas a pensar en dos opciones: o que pretende equiparar todas las creencias independientemente tengan o no un carácter religioso, o establecer un nuevo «código de laicidad», al estilo francés. La segunda posibilidad supondría la supresión de toda manifestación religiosa en los espacios públicos. «Una decisión que no ayudaría en nada a la convivencia y al diálogo intercultural que hasta ahora venimos resolviendo, a diferencia de nuestros vecinos franceses, bastante bien», advierte el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino. Sigue leyendo...

Ramón Jáuregui, el que durante años se presentó ante la opinión pública como el mejor constructor de puentes entre socialistas y católicos españoles, nos ha contado hoy cómo ve y entiende el PSOE las relaciones entre la Iglesia y la sociedad española. Ante las Cámaras de Popular Televisión, Jáuregui ha explicado que la mención explícita a la Iglesia Católica en la Constitución española es coyuntural y, por esta razón, transitoria. No sorprende que desde el PSOE se considere la posibilidad de suprimir esa mención, habida cuenta de los derroteros laicistas que está adquiriendo la dirección del Partido. Lo que sí sorprende es el alarde de ignorancia que exhiben las gentes del PSOE. La Constitución española de 1978 no concede a la religión católica predominio alguno. Se limita a ordenar jurídica y políticamente lo que previamente existía en la sociedad española. Y lo que ya existía antes de 1978, quiérase, o no, es una presencia viva y vivificante de lo católico en la cultura y en la sociedad española sin la que es imposible explicar nuestra historia. El reconocimiento específico a la Iglesia católica en la Constitución española no se opone a la libertad religiosa, que por cierto es uno de los criterios fundamentales de legitimación del orden constitucional, según enseña la Doctrina Social de la Iglesia. Es preciso que Jáuregui se ponga al día, al igual que sus compañeros del PSOE, no sea que tengan que acabar reconociendo su torpeza, cuándo no, su mala fe. Sigue leyendo...

Este fin de semana se celebra en Madrid el 37 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Nunca este acontecimiento habría formado parte de las páginas de nuestra revista –y menos aún de su editorial– de no ser por algunos de sus anunciados y provocativos contenidos, que nuestros lectores encontrarán en la página 7 de este mismo número de ECCLESIA. Entre ellos figuran la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, la ampliación del aborto, la laicidad del Estado como «dogma» trufado de aspiraciones laicistas y excluyentes, la reforma de la ley de libertad religiosa, así como algunas otras enmiendas favorables a la eutanasia, amén de una visión muy crítica y beligerante con respecto a la actual y supuesta situación de privilegio de la Iglesia católica. En medio de estos preparativos y de los citados anuncios, el presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, en declaraciones el domingo 29 de junio al diario «El País», ofrecía su cualificado punto de vista sobre estos temas. Reconociendo que en el seno de su partido existen este debate y estas pretensiones, el señor Rodríguez Zapatero matizaba sus expectativas. Reiteraba su visión «laica» de la sociedad, se declaraba agnóstico, insistía en la voluntad gubernamental de modificar la vigente ley de libertad religiosa a la vez que insistía en que se respetarán los Acuerdos Iglesia-Estado. «En las relaciones con la Iglesia –afirmaba textualmente– tenemos que ir a la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo, de colaboración; así ha sido en toda la democracia, –subrayaba– y el marco ha funcionado razonablemente». Asimismo, Zapatero abundaba en la necesidad de respetar la libertad religiosa y de garantizar su derecho y su ejercicio para todas las confesiones. Así las cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿A quién creemos? Si durante los treinta años de la democracia española la cuestión religiosa y su marco legal «han funcionado razonablemente», ¿por qué tanto ruido, tanta descalificación, tanta soflama? Los comentarios editoriales de nuestra revista son testigos reiterados de nuestro punto de vista al respecto: queremos la libertad religiosa, la de la Iglesia católica y la de las otras confesiones. Queremos una Iglesia libre en un Estado libre. Queremos la separación entre Iglesia y Estado desde la necesaria colaboración entre ambas instituciones en pro del bien común. Queremos y defendemos el Estado de derecho, cuyos fundamentos son los derechos humanos, uno de cuales es el derecho a la libertad religiosa, que no solo no colisiona sino que protege y potencia los demás derechos. Queremos y defendemos incondicionalmente el derecho sagrado e inviolable a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Y queremos también que la cuestión religiosa no se utilice, no se manipule, no se agite, no vuelva a ser nunca jamás causa de confrontación y división entre los españoles ni en ningún otro lugar de la tierra. ¿Es mucho pedir? ¿A quién se agrede y a quién se perjudica con estos puntos de vista y con estas actitudes? Por todo ello, y en esta misma línea, remitimos también al reciente y autorizado discurso del cardenal Rouco en su investidura como miembro de la Real Academia de Doctores. En la página 9 de este número de ECCLESIA ofrecemos una síntesis del mismo, que ha sido publicado íntegramente por nuestra página web (www.revistaecclesia.com). Con sus palabras y en medio de las aludidas diatribas socialistas, el cardenal Rouco ha prestado un nuevo, magnífico, sereno y lúcido servicio a la Iglesia, al Estado, la convivencia y al Derecho. Tras repasar la historia de las relaciones Iglesia-Estado desde los albores del cristianismo, el presidente de la CEE considera que estas, desde las bases de autonomía y cooperación señaladas por el Concilio Vaticano II y desde el primado del respeto a los derechos humanos, constituyen un patrimonio humano y social de gran valor, que hay que apreciar y enriquecer y que no debería perderse jamás. «Su importancia histórica transciende el día a día de la actualidad socio-política y cultural» y es de gran utilidad para el presente y para el futuro de modo que «no se ve hoy razón que justifique el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado». Sigue leyendo...