En continuidad con nuestro editorial de la pasada semana, también hoy hemos de referirnos al 37 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio. Obviamente nuestro comentario prescinde de valoraciones políticas y partidistas. Si este tema, desde el respeto y desde la mejor de las voluntades, viene a nuestras páginas es por el protagonismo que muy importantes contenidos religiosos han tenido en su preparación y desarrollo. Dicho esto, y aun reconociendo que la formulación de los acuerdos y propuestas del Congreso ha sido más matizada e incluso más moderada que las expectativas creadas y que determinadas declaraciones públicas, no cabe duda que sus conclusiones visibilizan una inequívoca voluntad del primer partido político de nuestro país –sostenedor asimismo del Gobierno de la nación y de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos– de proceder a una progresiva e inexorable laicización de España. Este proyecto, repleto de eufemismos y de ambigüedades, y aun suavizado –repetimos– en la literalidad de sus recomendaciones al Gobierno, está trufado de un indisimulado afán de confesionalismo laicista. Especialmente preocupante es lo decidido a propósito del aborto. Lejos de proponer una reflexión serena y lúcida sobre su aberración, el Congreso de PSOE pide una revisión y una actualización de la legislación vigente, solo porque esta cuenta con veintitrés años de bagaje y porque ha cambiado la sociedad. ¿No han sido suficientes los abortos producidos en estos años, que han supuesto en los últimos años una media anual de cien mil asesinatos de seres humanos inocentes? El aborto jamás es un progreso, ni su reconocimiento una ampliación de las libertades y de los derechos. El derecho es a la vida, a toda vida ya concebida, aunque todavía no haya nacido. El aborto es siempre un retroceso, una letal injusticia, un crimen abominable, como lo definió el Concilio Vaticano II. ¿Se situará en el terreno del eufemismo, de la demagogia y del «atajo» la propuesta de regular el testamento vital para caminar hacia la eutanasia? Ojalá nos equivoquemos. Pero, en cualquier caso, es preciso recordar que la eutanasia –otro evidente y cruel retroceso social– es siempre injusta e inmoral, más todavía se hace bajo engaño y de «tapadillo». ¿También se buscan atajos cuando se insiste por activa y por pasiva en la necesidad de reformar la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa? Este marco legal garantiza la neutralidad del Estado en materia religiosa. Emplazamos, una vez más, a su lectura y a la evaluación objetiva de su aplicación desde 1980 para «desfacer entuertos» y tópicos. Y, desde luego, lo que no se puede pretender es reformar esta ley con la intencionalidad subrepticia de buscar la reforma de hecho el artículo 16 de la Constitución. No estamos diciendo que esta sea la razón verdadera del proyecto gubernamental. Simplemente, lo cuestionamos y muy gustosos admitiríamos lo inapropiado de esta hipótesis si los hechos así lo avalaran. «La Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica reconoce el PSOE –leemos en las conclusiones del Congreso–, debe ser consciente de que la Constitución no otorga prevalencia de derechos ni privilegios». De acuerdo. Pero es que la Iglesia católica ni tiene ni quiere privilegios. ¿Dónde están? No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con los sentimientos y confesión religiosa de los ciudadanos. Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad presente están impregnadas hasta los tuétanos de identidad cristiana. Vayan algunos ejemplos: el 80% de los ciudadanos españoles se declaran católicos; el 75% de los padres de alumnos eligen la clase de Religión Católica; la Iglesia se financia de sus propios recursos, trabajos y servicios, de los donativos de los fieles y del 0,7% del IRPF que aquellos contribuyentes libremente deciden signar para ella a través de la declaración de la renta. Las creencias no se imponen. Pero tampoco se puede imponer las increencias y los modelos estatales de confesionalismo laicista y excluyente. España es un Estado aconfesional desde hace tres décadas, las tres décadas de mayor crecimiento y bienestar de su historia contemporánea. La llamada «cuestión religiosa» había pasado a la historia. ¿Quién quiere resucitarla? ¿Por qué? ¿A qué vienen entonces, a qué demanda social y a qué argumentos de derecho, de justicia y de sentido común obedecen tanta soflama y tanto ruido con la consiguiente y lógica crispación y preocupación que generan? Sigue leyendo...

LA idiosincrasia de cualquier encuentro zapaterista pasa por algún anuncio de orden rupturista, generalmente vinculado al revisionismo singular que es la «memoria histórica». Sin considerar mucho la economía, de los anuncios hechos en el XXXVII Congreso Federal del PSOE los cambios en la regulación del aborto, además de enunciados de eutanasia, se suman a la regulación anterior del matrimonio homosexual o a la desatención a los derechos de los padres en el sistema educativo. En lo que los sociólogos llamarían el universo simbólico de Zapatero, el fragor de un enfrentamiento maniqueo prosigue, al menos para justificar políticas o propuestas de políticas que por lo general van haciendo trizas consensos históricos de los españoles. Hablar a inicios del siglo XXI de fosas y de vencedores y vencidos, de buenos y malos, ilustra la modernidad tan simuladora del lenguaje zapaterista. Es el caso del catolicismo: al parecer, el PSOE de Zapatero lucha cuerpo a cuerpo contra la tiniebla de un nacional-catolicismo tentacular, inquisitorial, un frufrú de sotanas conspirativas, la vetusta España contra la España cándida. No sorprende que por el camino se le haya olvidado a Zapatero el peso sustancial de lo que significó el Concilio Vaticano II para la reconciliación de los españoles desde antes de que muriera Franco. Cualquiera tiene «in mente» que de los movimientos católicos de aquellos años se nutrió gran parte de la izquierda que hoy es lo que es. Es postulable que lo que fue el Vaticano II haya tenido más que ver con la transición democrática y el pluralismo que la tan arcaica encarnadura ideológica de la izquierda rupturista de aquellos años. Pero para Zapatero el catolicismo sólo merece quedarse en el armario, desaparecer por el foro, evaporarse de la vida pública. Se alude preventivamente a la ofensiva católico-nacional de una derecha deseosa de que la Iglesia prepondere sobre el Estado cuando lo que en realidad sucede es que la inmersión laicista busca que la religión carezca de voz en la sociedad civil. En eso consiste el laicismo, al construir una percepción en blanco y negro de la religión católica. Por contra-efecto habrá quien se sienta incitado a la adhesión neointegrista y al clericalismo. A Zapatero eso le funciona, pero nada dijo de ello en el año 2000, cuando accedió a la secretaría general por nueve votos. Ganó las elecciones generales después del 11-M y acaba de revalidarlas con más holgura. Lo mismo en el Congreso de su partido, con el 98,53 de votos. Desde entonces, algo cambió. Por ejemplo, la inmersión laicista. En 2001, Zapatero prologa el libro «Tender puentes. PSOE y mundo cristiano», reconociendo la aceptación por el Partido Socialista de la creencia religiosa «y en particular del cristianismo como un hecho positivo para un proyecto de izquierda». Reconocía una tarea pendiente: «Sustituir la negación del valor de lo religioso y una actitud de indiferencia, por un reconocimiento y valoración positiva del mismo». Esa era la línea del felipismo, de la articulación de cristianos socialistas. ¿Qué ha sucedido desde entonces para que Zapatero rompa con la línea que marcaba incluso la socialdemocracia europea? Uno le contempla y no sabe si al líder socialista todo le resulta materia para la táctica, si representa convicción, si va a mantener sus propósitos o si va a irlos diluyendo en la conveniencia al día de su acción política. Anuncia un frente laicista y luego reduce su amplitud, sus allegados dan rango de vanguardia a lo que sería una prioridad de la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida. Algo queda. Lo que queda es el zapaterismo y una hostilidad a lo que representa el catolicismo en España, pero no en la España de hoy o de 1978, sino en la España de Franco bajo palio o de la Inquisición. Han pasado muchas cosas en el PSOE desde que José Borrell dijera en 1999: «El PSOE tiene una deuda histórica con el cristianismo. Mejor dicho, los socialistas españoles tenemos una deuda histórica con el cristianismo. No estoy diciendo que el PSOE la tenga con la Iglesia Católica». La tan ajetreada historia de las relaciones Iglesia-Estado en España era una página histórica en la que todos teníamos que aprender algo. Zapatero, en cambio, la está usando como cebo radical. vpuig@abc.es Sigue leyendo...

L.D. MADRID El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su empeño de llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980. Tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha insistido en la necesidad de introducir «modificaciones profundas» en la normativa para dar un trato igualitario a todas las confesiones, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Además de la ley, el Gobierno también tiene previsto crear un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso «para mejorar el conocimiento de nuestra realidad y poder tomar decisiones». Esta sociedad «plural» que el Gobierno ha tomado como bandera para modificar la normativa, se declara en un 77 por ciento católica, lo que significa que 35 millones de personas de las 45 que viven en España se identifican con la religión mayoritaria, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2007. El mapa religioso español, se completa, de acuerdo a los datos aportados por las propias confesiones, con un 1,5 millones de evangélicos, un millón de musulmanes y 48.000 judíos, además de otras religiones minoritarias, como los testigos de Jehová (200.000 fieles) y los mormones (40.000). En el plano educativo, según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2004-2005 había inscritos en la clase de Religión católica más de 3 millones de alumnos —el 75,7 por ciento del total de la población estudiantil—. Además, 11 millones de católicos acuden regularmente a misa y siete millones marcan la casilla de la Iglesia católica en su declaración de la Renta. Ofensa para la mayoría Otra de las novedades que anunció el ministro es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término con el que el Gobierno socialista pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa. Para el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la reforma que pretende el Gobierno «no es más que un movimiento para discriminar a las religiones mayoritarias cristiana, judía y musulmana, a favor de las creencias minoritarias». «Es un sentido de la justicia bastante discutible», asegura Marcial Cuquerella, presidente de esta asociación, quien añade que «mientras el 80 por ciento de los ciudadanos afirman que profesan el cristianismo, el judaísmo o la religión musulmana, el Gobierno se preocupa de legislar por el 0,05 por ciento que profesa otras creencias, ofendiendo a la enorme mayoría». Según Cuquerella, «incluso tendría más sentido que crearan una Dirección General de Relaciones con los Ateos, ya que son un 7 por ciento de los ciudadanos españoles». A la vista está, para el Observatorio, que el objetivo que persigue el Gobierno «no es otro que tratar de igualar religiones como el catolicismo o el judaísmo, con creencias de todo tipo, como la Iglesia de la Cienciología o incluso sectas satánicas, siempre que estén inscritas en el registro oficial». Así, el Gobierno tendrá «la capacidad de decidir qué es religión y qué no lo es, mediante la inclusión en un registro de cualquier creencia, de forma completamente subjetiva». «Al final, bajo la excusa del laicismo, es el laicismo mismo el que se convierte en juez y parte del resto de las confesiones religiosas», asegura. «Transformar la sociedad» Algunos expertos ven en esta anunciada reforma una clara intención del Gobierno de «transformar la sociedad, impulsando el pluralismo religioso y erosionando la posición de la Iglesia». El profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Jorge Otaduy, ha recordado que «la función del Estado es respetar el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en materia religiosa». La ambigüedad de los argumentos que viene utilizando el Gobierno del PSOE a la hora de justificar la mencionada iniciativa legislativa —que aún no tiene fecha— lleva también a los especialistas a pensar en dos opciones: o que pretende equiparar todas las creencias independientemente tengan o no un carácter religioso, o establecer un nuevo «código de laicidad», al estilo francés. La segunda posibilidad supondría la supresión de toda manifestación religiosa en los espacios públicos. «Una decisión que no ayudaría en nada a la convivencia y al diálogo intercultural que hasta ahora venimos resolviendo, a diferencia de nuestros vecinos franceses, bastante bien», advierte el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino. Sigue leyendo...

Ramón Jáuregui, el que durante años se presentó ante la opinión pública como el mejor constructor de puentes entre socialistas y católicos españoles, nos ha contado hoy cómo ve y entiende el PSOE las relaciones entre la Iglesia y la sociedad española. Ante las Cámaras de Popular Televisión, Jáuregui ha explicado que la mención explícita a la Iglesia Católica en la Constitución española es coyuntural y, por esta razón, transitoria. No sorprende que desde el PSOE se considere la posibilidad de suprimir esa mención, habida cuenta de los derroteros laicistas que está adquiriendo la dirección del Partido. Lo que sí sorprende es el alarde de ignorancia que exhiben las gentes del PSOE. La Constitución española de 1978 no concede a la religión católica predominio alguno. Se limita a ordenar jurídica y políticamente lo que previamente existía en la sociedad española. Y lo que ya existía antes de 1978, quiérase, o no, es una presencia viva y vivificante de lo católico en la cultura y en la sociedad española sin la que es imposible explicar nuestra historia. El reconocimiento específico a la Iglesia católica en la Constitución española no se opone a la libertad religiosa, que por cierto es uno de los criterios fundamentales de legitimación del orden constitucional, según enseña la Doctrina Social de la Iglesia. Es preciso que Jáuregui se ponga al día, al igual que sus compañeros del PSOE, no sea que tengan que acabar reconociendo su torpeza, cuándo no, su mala fe. Sigue leyendo...

Este fin de semana se celebra en Madrid el 37 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Nunca este acontecimiento habría formado parte de las páginas de nuestra revista –y menos aún de su editorial– de no ser por algunos de sus anunciados y provocativos contenidos, que nuestros lectores encontrarán en la página 7 de este mismo número de ECCLESIA. Entre ellos figuran la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, la ampliación del aborto, la laicidad del Estado como «dogma» trufado de aspiraciones laicistas y excluyentes, la reforma de la ley de libertad religiosa, así como algunas otras enmiendas favorables a la eutanasia, amén de una visión muy crítica y beligerante con respecto a la actual y supuesta situación de privilegio de la Iglesia católica. En medio de estos preparativos y de los citados anuncios, el presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, en declaraciones el domingo 29 de junio al diario «El País», ofrecía su cualificado punto de vista sobre estos temas. Reconociendo que en el seno de su partido existen este debate y estas pretensiones, el señor Rodríguez Zapatero matizaba sus expectativas. Reiteraba su visión «laica» de la sociedad, se declaraba agnóstico, insistía en la voluntad gubernamental de modificar la vigente ley de libertad religiosa a la vez que insistía en que se respetarán los Acuerdos Iglesia-Estado. «En las relaciones con la Iglesia –afirmaba textualmente– tenemos que ir a la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo, de colaboración; así ha sido en toda la democracia, –subrayaba– y el marco ha funcionado razonablemente». Asimismo, Zapatero abundaba en la necesidad de respetar la libertad religiosa y de garantizar su derecho y su ejercicio para todas las confesiones. Así las cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿A quién creemos? Si durante los treinta años de la democracia española la cuestión religiosa y su marco legal «han funcionado razonablemente», ¿por qué tanto ruido, tanta descalificación, tanta soflama? Los comentarios editoriales de nuestra revista son testigos reiterados de nuestro punto de vista al respecto: queremos la libertad religiosa, la de la Iglesia católica y la de las otras confesiones. Queremos una Iglesia libre en un Estado libre. Queremos la separación entre Iglesia y Estado desde la necesaria colaboración entre ambas instituciones en pro del bien común. Queremos y defendemos el Estado de derecho, cuyos fundamentos son los derechos humanos, uno de cuales es el derecho a la libertad religiosa, que no solo no colisiona sino que protege y potencia los demás derechos. Queremos y defendemos incondicionalmente el derecho sagrado e inviolable a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Y queremos también que la cuestión religiosa no se utilice, no se manipule, no se agite, no vuelva a ser nunca jamás causa de confrontación y división entre los españoles ni en ningún otro lugar de la tierra. ¿Es mucho pedir? ¿A quién se agrede y a quién se perjudica con estos puntos de vista y con estas actitudes? Por todo ello, y en esta misma línea, remitimos también al reciente y autorizado discurso del cardenal Rouco en su investidura como miembro de la Real Academia de Doctores. En la página 9 de este número de ECCLESIA ofrecemos una síntesis del mismo, que ha sido publicado íntegramente por nuestra página web (www.revistaecclesia.com). Con sus palabras y en medio de las aludidas diatribas socialistas, el cardenal Rouco ha prestado un nuevo, magnífico, sereno y lúcido servicio a la Iglesia, al Estado, la convivencia y al Derecho. Tras repasar la historia de las relaciones Iglesia-Estado desde los albores del cristianismo, el presidente de la CEE considera que estas, desde las bases de autonomía y cooperación señaladas por el Concilio Vaticano II y desde el primado del respeto a los derechos humanos, constituyen un patrimonio humano y social de gran valor, que hay que apreciar y enriquecer y que no debería perderse jamás. «Su importancia histórica transciende el día a día de la actualidad socio-política y cultural» y es de gran utilidad para el presente y para el futuro de modo que «no se ve hoy razón que justifique el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado». Sigue leyendo...

Se trata del órgano asesor del MEC, de más alto nivel, pero al igual que la sociedad actual, olvidando sus orígenes, pretende realizar un acto de apostasía, como acto de renuncia “expresa” de una determinada fe, y en este caso de la religión católica. Ya que para marchar de vacaciones solicita del Gobierno que elimine la clase de religión del horario lectivo. Sigue leyendo...

La Iglesia Católica defiende la sana laicidad, que nada tiene que ver con la confesionalidad del Estado ni tampoco con el laicismo radical y excluyente que, de forma diáfana o con ciertos camuflajes, se presenta actualmente en España, y también en otros países de tradición y mayoría cristiana. Sigue leyendo...

El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, se refirió ayer por primera vez desde que fuera elegido en marzo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a las relaciones Iglesia-Estado. Durante su discurso de investidura como miembro de la Real Academia de Doctores, el número uno de la Iglesia española aseguró que no ve «razones para cuestionar la actual regulación jurídica de las relaciones entre el Estado y la Santa Sede», aunque no entró a valorar sobre la oportunidad o no para modificar los contenidos de los concordatos actualmente en vigor. Sigue leyendo...