El congreso del PSOE ha venido a confirmar que ZP (Zapatero presidente) confunde lo que acuerda su partido con lo que pueda acordar el Parlamento, como si la cámara de los diputados fuera suya y estuviera sometida a los deseos socialistas, que ni siquiera tienen mayoría absoluta en ella. Pues da por hecho que los acuerdos tomados por su cónclave partidario, son leyes en proyecto sólo por sus deseos. Habrá que esperar y ver cómo reciben los por ahora silentes representantes de los demás partidos del Congreso de los diputados, no del PSOE, sus pretendidos avances sociales, como la creciente laicidad del Estado, el aborto libre, la eutanasia y el voto de los emigrantes; para todo lo cual, por cierto, hay que hilar mucho y muy fino porque algunos de esos objetivos rozan la inconstitucionalidad o, por lo menos, exigen la reforma de la Constitución, trámite que parece importarle poco a Zapatero. Estas cuestiones, que por cierto no se incluyeron en el programa electoral de los comicios de marzo, sin duda porque no las tenían todas consigo y podían costarles decenas de millares de votos y quizá la victoria, entran ahora en los planes del PSOE y del Gobierno con evidente intención, oportunista, de distraer la atención de la ciudadanía sobre la gravísima crisis económica en que está sumida la nación, sin que el Ejecutivo acierte a aplicar una sola medida correctora o paliativa de la carestía de los precios de los comestibles, principal preocupación popular. A este respecto hay que decir que por primera vez, hace unos días, Zapatero pronunció, por fin, la palabra crisis para denominar el penosísimo trance por el que está pasando la economía nacional y, sobre todo, la muchedumbre de quienes malamente pueden llegar a fin de mes con la merma de su calidad de vida. Con un cinismo impropio de un gobernante responsable, Zapatero se ha permitido decir que "en esta crisis hay mucha gente que no tendrá dificultades". Evidentemente: serán los corruptos o los que, como él, se autoadjudican sueldazos de escándalo. Y con igual talante criticó a los que, según él, "se regodean en la idea de la crisis"; miserable insidia que no logra ocultar su gran ineficacia para afrontar la situación. La idea de suprimir ayudas a la religión católica mediante la plena laicidad del Estado, que de eso se trata, aparte de cicatera resulta una represalia contra la Iglesia por la oposición de esta a determinadas leyes del Gobierno durante la pasada legislatura. El desquite contra un colectivo que engloba millones de personas, más que ninguna otra religión, supone una venganza que es, por su oposición, una actitud escasamente democrática e injusta porque no sólo ofende a quienes con ella comulgan; sino que, además, ignora los enormes servicios que la Iglesia -por antonomasia- presta a la sociedad mucho más allá de la parca ayuda económica oficial que recibe. Si el Gobierno tuviera que asumir los servicios sociales que cubre la Iglesia le saldría mucho más caro. Por otra parte la eutanasia viene camuflada por la extensión del testamento vital; que, dicho sea de paso, ya existe en la mayoría de las Comunidades Autónomas y concede a los ciudadanos el derecho de que no se prolongue su vida en situaciones terminales por medios artificiales. Será una ley equívoca capaz de conducir a soluciones indeseables y abusivas porque puede trucar situaciones ilícitas de suicidio o de algo aún peor. La ampliación de la ley del aborto es una perversidad que aumentará el número de asesinatos de los "nasciturus", de los por nacer, los seres más inocentes e indefensos. Que la odiosa situación actual, cuando se mienten las excusas para no violar la maligna ley vigente, en vez de corregirse y sancionar sus infracciones, se resuelva legalizándolas, demuestra la inmoralidad y la obstinación en la maldad de la Ley de Plazos que desea imponer el Gobierno de Zapatero. Es mejor usar anticonceptivos que asesinar a los hijos concebidos y no deseados. Al lado de estos asunto el propósito de ZP de conceder el voto a 1.300.000 extranjeros para las elecciones municipales, es pura anécdota; demagógica y electoralista, por supuesto; porque, está muy claro, espera que los "estómagos agradecidos" voten a los socialistas y consigan ganar algunos ayuntamientos más. Todas estas cosas, por populistas que quieran ser; incluso por desdichadas que sean, apenas tienen resonancia cuando la primordial inquietud y la primera ansiedad de la gente es, como en este tiempo de crisis, comer todos los días decentemente, suficiente. José Sanz Moliner es periodista. Sigue leyendo...

En continuidad con nuestro editorial de la pasada semana, también hoy hemos de referirnos al 37 Congreso Federal del PSOE, celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio. Obviamente nuestro comentario prescinde de valoraciones políticas y partidistas. Si este tema, desde el respeto y desde la mejor de las voluntades, viene a nuestras páginas es por el protagonismo que muy importantes contenidos religiosos han tenido en su preparación y desarrollo. Dicho esto, y aun reconociendo que la formulación de los acuerdos y propuestas del Congreso ha sido más matizada e incluso más moderada que las expectativas creadas y que determinadas declaraciones públicas, no cabe duda que sus conclusiones visibilizan una inequívoca voluntad del primer partido político de nuestro país –sostenedor asimismo del Gobierno de la nación y de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos– de proceder a una progresiva e inexorable laicización de España. Este proyecto, repleto de eufemismos y de ambigüedades, y aun suavizado –repetimos– en la literalidad de sus recomendaciones al Gobierno, está trufado de un indisimulado afán de confesionalismo laicista. Especialmente preocupante es lo decidido a propósito del aborto. Lejos de proponer una reflexión serena y lúcida sobre su aberración, el Congreso de PSOE pide una revisión y una actualización de la legislación vigente, solo porque esta cuenta con veintitrés años de bagaje y porque ha cambiado la sociedad. ¿No han sido suficientes los abortos producidos en estos años, que han supuesto en los últimos años una media anual de cien mil asesinatos de seres humanos inocentes? El aborto jamás es un progreso, ni su reconocimiento una ampliación de las libertades y de los derechos. El derecho es a la vida, a toda vida ya concebida, aunque todavía no haya nacido. El aborto es siempre un retroceso, una letal injusticia, un crimen abominable, como lo definió el Concilio Vaticano II. ¿Se situará en el terreno del eufemismo, de la demagogia y del «atajo» la propuesta de regular el testamento vital para caminar hacia la eutanasia? Ojalá nos equivoquemos. Pero, en cualquier caso, es preciso recordar que la eutanasia –otro evidente y cruel retroceso social– es siempre injusta e inmoral, más todavía se hace bajo engaño y de «tapadillo». ¿También se buscan atajos cuando se insiste por activa y por pasiva en la necesidad de reformar la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa? Este marco legal garantiza la neutralidad del Estado en materia religiosa. Emplazamos, una vez más, a su lectura y a la evaluación objetiva de su aplicación desde 1980 para «desfacer entuertos» y tópicos. Y, desde luego, lo que no se puede pretender es reformar esta ley con la intencionalidad subrepticia de buscar la reforma de hecho el artículo 16 de la Constitución. No estamos diciendo que esta sea la razón verdadera del proyecto gubernamental. Simplemente, lo cuestionamos y muy gustosos admitiríamos lo inapropiado de esta hipótesis si los hechos así lo avalaran. «La Iglesia católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica reconoce el PSOE –leemos en las conclusiones del Congreso–, debe ser consciente de que la Constitución no otorga prevalencia de derechos ni privilegios». De acuerdo. Pero es que la Iglesia católica ni tiene ni quiere privilegios. ¿Dónde están? No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con los sentimientos y confesión religiosa de los ciudadanos. Nuestra historia, nuestra cultura y nuestra realidad presente están impregnadas hasta los tuétanos de identidad cristiana. Vayan algunos ejemplos: el 80% de los ciudadanos españoles se declaran católicos; el 75% de los padres de alumnos eligen la clase de Religión Católica; la Iglesia se financia de sus propios recursos, trabajos y servicios, de los donativos de los fieles y del 0,7% del IRPF que aquellos contribuyentes libremente deciden signar para ella a través de la declaración de la renta. Las creencias no se imponen. Pero tampoco se puede imponer las increencias y los modelos estatales de confesionalismo laicista y excluyente. España es un Estado aconfesional desde hace tres décadas, las tres décadas de mayor crecimiento y bienestar de su historia contemporánea. La llamada «cuestión religiosa» había pasado a la historia. ¿Quién quiere resucitarla? ¿Por qué? ¿A qué vienen entonces, a qué demanda social y a qué argumentos de derecho, de justicia y de sentido común obedecen tanta soflama y tanto ruido con la consiguiente y lógica crispación y preocupación que generan? Sigue leyendo...

L.D. MADRID El Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su empeño de llevar adelante la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que data de 1980. Tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha insistido en la necesidad de introducir «modificaciones profundas» en la normativa para dar un trato igualitario a todas las confesiones, independientemente de que su número de fieles sea minoritario o no. Además de la ley, el Gobierno también tiene previsto crear un Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso «para mejorar el conocimiento de nuestra realidad y poder tomar decisiones». Esta sociedad «plural» que el Gobierno ha tomado como bandera para modificar la normativa, se declara en un 77 por ciento católica, lo que significa que 35 millones de personas de las 45 que viven en España se identifican con la religión mayoritaria, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2007. El mapa religioso español, se completa, de acuerdo a los datos aportados por las propias confesiones, con un 1,5 millones de evangélicos, un millón de musulmanes y 48.000 judíos, además de otras religiones minoritarias, como los testigos de Jehová (200.000 fieles) y los mormones (40.000). En el plano educativo, según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2004-2005 había inscritos en la clase de Religión católica más de 3 millones de alumnos —el 75,7 por ciento del total de la población estudiantil—. Además, 11 millones de católicos acuden regularmente a misa y siete millones marcan la casilla de la Iglesia católica en su declaración de la Renta. Ofensa para la mayoría Otra de las novedades que anunció el ministro es que la Dirección General de Asuntos Religiosos pasará a llamarse en breve Dirección General de Relaciones con las Confesiones, un término con el que el Gobierno socialista pretende remarcar la neutralidad del Estado ante la dimensión religiosa. Para el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, la reforma que pretende el Gobierno «no es más que un movimiento para discriminar a las religiones mayoritarias cristiana, judía y musulmana, a favor de las creencias minoritarias». «Es un sentido de la justicia bastante discutible», asegura Marcial Cuquerella, presidente de esta asociación, quien añade que «mientras el 80 por ciento de los ciudadanos afirman que profesan el cristianismo, el judaísmo o la religión musulmana, el Gobierno se preocupa de legislar por el 0,05 por ciento que profesa otras creencias, ofendiendo a la enorme mayoría». Según Cuquerella, «incluso tendría más sentido que crearan una Dirección General de Relaciones con los Ateos, ya que son un 7 por ciento de los ciudadanos españoles». A la vista está, para el Observatorio, que el objetivo que persigue el Gobierno «no es otro que tratar de igualar religiones como el catolicismo o el judaísmo, con creencias de todo tipo, como la Iglesia de la Cienciología o incluso sectas satánicas, siempre que estén inscritas en el registro oficial». Así, el Gobierno tendrá «la capacidad de decidir qué es religión y qué no lo es, mediante la inclusión en un registro de cualquier creencia, de forma completamente subjetiva». «Al final, bajo la excusa del laicismo, es el laicismo mismo el que se convierte en juez y parte del resto de las confesiones religiosas», asegura. «Transformar la sociedad» Algunos expertos ven en esta anunciada reforma una clara intención del Gobierno de «transformar la sociedad, impulsando el pluralismo religioso y erosionando la posición de la Iglesia». El profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, Jorge Otaduy, ha recordado que «la función del Estado es respetar el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en materia religiosa». La ambigüedad de los argumentos que viene utilizando el Gobierno del PSOE a la hora de justificar la mencionada iniciativa legislativa —que aún no tiene fecha— lleva también a los especialistas a pensar en dos opciones: o que pretende equiparar todas las creencias independientemente tengan o no un carácter religioso, o establecer un nuevo «código de laicidad», al estilo francés. La segunda posibilidad supondría la supresión de toda manifestación religiosa en los espacios públicos. «Una decisión que no ayudaría en nada a la convivencia y al diálogo intercultural que hasta ahora venimos resolviendo, a diferencia de nuestros vecinos franceses, bastante bien», advierte el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Palomino. Sigue leyendo...