El congreso del PSOE ha venido a confirmar que ZP (Zapatero presidente) confunde lo que acuerda su partido con lo que pueda acordar el Parlamento, como si la cámara de los diputados fuera suya y estuviera sometida a los deseos socialistas, que ni siquiera tienen mayoría absoluta en ella. Pues da por hecho que los acuerdos tomados por su cónclave partidario, son leyes en proyecto sólo por sus deseos. Habrá que esperar y ver cómo reciben los por ahora silentes representantes de los demás partidos del Congreso de los diputados, no del PSOE, sus pretendidos avances sociales, como la creciente laicidad del Estado, el aborto libre, la eutanasia y el voto de los emigrantes; para todo lo cual, por cierto, hay que hilar mucho y muy fino porque algunos de esos objetivos rozan la inconstitucionalidad o, por lo menos, exigen la reforma de la Constitución, trámite que parece importarle poco a Zapatero. Estas cuestiones, que por cierto no se incluyeron en el programa electoral de los comicios de marzo, sin duda porque no las tenían todas consigo y podían costarles decenas de millares de votos y quizá la victoria, entran ahora en los planes del PSOE y del Gobierno con evidente intención, oportunista, de distraer la atención de la ciudadanía sobre la gravísima crisis económica en que está sumida la nación, sin que el Ejecutivo acierte a aplicar una sola medida correctora o paliativa de la carestía de los precios de los comestibles, principal preocupación popular. A este respecto hay que decir que por primera vez, hace unos días, Zapatero pronunció, por fin, la palabra crisis para denominar el penosísimo trance por el que está pasando la economía nacional y, sobre todo, la muchedumbre de quienes malamente pueden llegar a fin de mes con la merma de su calidad de vida. Con un cinismo impropio de un gobernante responsable, Zapatero se ha permitido decir que "en esta crisis hay mucha gente que no tendrá dificultades". Evidentemente: serán los corruptos o los que, como él, se autoadjudican sueldazos de escándalo. Y con igual talante criticó a los que, según él, "se regodean en la idea de la crisis"; miserable insidia que no logra ocultar su gran ineficacia para afrontar la situación. La idea de suprimir ayudas a la religión católica mediante la plena laicidad del Estado, que de eso se trata, aparte de cicatera resulta una represalia contra la Iglesia por la oposición de esta a determinadas leyes del Gobierno durante la pasada legislatura. El desquite contra un colectivo que engloba millones de personas, más que ninguna otra religión, supone una venganza que es, por su oposición, una actitud escasamente democrática e injusta porque no sólo ofende a quienes con ella comulgan; sino que, además, ignora los enormes servicios que la Iglesia -por antonomasia- presta a la sociedad mucho más allá de la parca ayuda económica oficial que recibe. Si el Gobierno tuviera que asumir los servicios sociales que cubre la Iglesia le saldría mucho más caro. Por otra parte la eutanasia viene camuflada por la extensión del testamento vital; que, dicho sea de paso, ya existe en la mayoría de las Comunidades Autónomas y concede a los ciudadanos el derecho de que no se prolongue su vida en situaciones terminales por medios artificiales. Será una ley equívoca capaz de conducir a soluciones indeseables y abusivas porque puede trucar situaciones ilícitas de suicidio o de algo aún peor. La ampliación de la ley del aborto es una perversidad que aumentará el número de asesinatos de los "nasciturus", de los por nacer, los seres más inocentes e indefensos. Que la odiosa situación actual, cuando se mienten las excusas para no violar la maligna ley vigente, en vez de corregirse y sancionar sus infracciones, se resuelva legalizándolas, demuestra la inmoralidad y la obstinación en la maldad de la Ley de Plazos que desea imponer el Gobierno de Zapatero. Es mejor usar anticonceptivos que asesinar a los hijos concebidos y no deseados. Al lado de estos asunto el propósito de ZP de conceder el voto a 1.300.000 extranjeros para las elecciones municipales, es pura anécdota; demagógica y electoralista, por supuesto; porque, está muy claro, espera que los "estómagos agradecidos" voten a los socialistas y consigan ganar algunos ayuntamientos más. Todas estas cosas, por populistas que quieran ser; incluso por desdichadas que sean, apenas tienen resonancia cuando la primordial inquietud y la primera ansiedad de la gente es, como en este tiempo de crisis, comer todos los días decentemente, suficiente. José Sanz Moliner es periodista. Sigue leyendo...

Ramón Jáuregui, el que durante años se presentó ante la opinión pública como el mejor constructor de puentes entre socialistas y católicos españoles, nos ha contado hoy cómo ve y entiende el PSOE las relaciones entre la Iglesia y la sociedad española. Ante las Cámaras de Popular Televisión, Jáuregui ha explicado que la mención explícita a la Iglesia Católica en la Constitución española es coyuntural y, por esta razón, transitoria. No sorprende que desde el PSOE se considere la posibilidad de suprimir esa mención, habida cuenta de los derroteros laicistas que está adquiriendo la dirección del Partido. Lo que sí sorprende es el alarde de ignorancia que exhiben las gentes del PSOE. La Constitución española de 1978 no concede a la religión católica predominio alguno. Se limita a ordenar jurídica y políticamente lo que previamente existía en la sociedad española. Y lo que ya existía antes de 1978, quiérase, o no, es una presencia viva y vivificante de lo católico en la cultura y en la sociedad española sin la que es imposible explicar nuestra historia. El reconocimiento específico a la Iglesia católica en la Constitución española no se opone a la libertad religiosa, que por cierto es uno de los criterios fundamentales de legitimación del orden constitucional, según enseña la Doctrina Social de la Iglesia. Es preciso que Jáuregui se ponga al día, al igual que sus compañeros del PSOE, no sea que tengan que acabar reconociendo su torpeza, cuándo no, su mala fe. Sigue leyendo...

Este fin de semana se celebra en Madrid el 37 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Nunca este acontecimiento habría formado parte de las páginas de nuestra revista –y menos aún de su editorial– de no ser por algunos de sus anunciados y provocativos contenidos, que nuestros lectores encontrarán en la página 7 de este mismo número de ECCLESIA. Entre ellos figuran la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, la ampliación del aborto, la laicidad del Estado como «dogma» trufado de aspiraciones laicistas y excluyentes, la reforma de la ley de libertad religiosa, así como algunas otras enmiendas favorables a la eutanasia, amén de una visión muy crítica y beligerante con respecto a la actual y supuesta situación de privilegio de la Iglesia católica. En medio de estos preparativos y de los citados anuncios, el presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, en declaraciones el domingo 29 de junio al diario «El País», ofrecía su cualificado punto de vista sobre estos temas. Reconociendo que en el seno de su partido existen este debate y estas pretensiones, el señor Rodríguez Zapatero matizaba sus expectativas. Reiteraba su visión «laica» de la sociedad, se declaraba agnóstico, insistía en la voluntad gubernamental de modificar la vigente ley de libertad religiosa a la vez que insistía en que se respetarán los Acuerdos Iglesia-Estado. «En las relaciones con la Iglesia –afirmaba textualmente– tenemos que ir a la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo, de colaboración; así ha sido en toda la democracia, –subrayaba– y el marco ha funcionado razonablemente». Asimismo, Zapatero abundaba en la necesidad de respetar la libertad religiosa y de garantizar su derecho y su ejercicio para todas las confesiones. Así las cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿A quién creemos? Si durante los treinta años de la democracia española la cuestión religiosa y su marco legal «han funcionado razonablemente», ¿por qué tanto ruido, tanta descalificación, tanta soflama? Los comentarios editoriales de nuestra revista son testigos reiterados de nuestro punto de vista al respecto: queremos la libertad religiosa, la de la Iglesia católica y la de las otras confesiones. Queremos una Iglesia libre en un Estado libre. Queremos la separación entre Iglesia y Estado desde la necesaria colaboración entre ambas instituciones en pro del bien común. Queremos y defendemos el Estado de derecho, cuyos fundamentos son los derechos humanos, uno de cuales es el derecho a la libertad religiosa, que no solo no colisiona sino que protege y potencia los demás derechos. Queremos y defendemos incondicionalmente el derecho sagrado e inviolable a la vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Y queremos también que la cuestión religiosa no se utilice, no se manipule, no se agite, no vuelva a ser nunca jamás causa de confrontación y división entre los españoles ni en ningún otro lugar de la tierra. ¿Es mucho pedir? ¿A quién se agrede y a quién se perjudica con estos puntos de vista y con estas actitudes? Por todo ello, y en esta misma línea, remitimos también al reciente y autorizado discurso del cardenal Rouco en su investidura como miembro de la Real Academia de Doctores. En la página 9 de este número de ECCLESIA ofrecemos una síntesis del mismo, que ha sido publicado íntegramente por nuestra página web (www.revistaecclesia.com). Con sus palabras y en medio de las aludidas diatribas socialistas, el cardenal Rouco ha prestado un nuevo, magnífico, sereno y lúcido servicio a la Iglesia, al Estado, la convivencia y al Derecho. Tras repasar la historia de las relaciones Iglesia-Estado desde los albores del cristianismo, el presidente de la CEE considera que estas, desde las bases de autonomía y cooperación señaladas por el Concilio Vaticano II y desde el primado del respeto a los derechos humanos, constituyen un patrimonio humano y social de gran valor, que hay que apreciar y enriquecer y que no debería perderse jamás. «Su importancia histórica transciende el día a día de la actualidad socio-política y cultural» y es de gran utilidad para el presente y para el futuro de modo que «no se ve hoy razón que justifique el cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las relaciones Iglesia-Estado». Sigue leyendo...

Resucita la cuestión religiosa como "un tema que preocupa a la ciudadanía". Sigue leyendo...